Mendoza y Córdoba refuerzan el cumplimiento del Calendario Nacional ante la caída de coberturas, con un rol activo de las Obras Sociales Provinciales.

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La caída sostenida en las coberturas del Calendario Nacional de Vacunación encendió alertas sanitarias en todo el país. En ese contexto, Mendoza y Córdoba avanzaron con un endurecimiento de sus políticas públicas, reforzando la obligatoriedad de la vacunación infantil y habilitando sanciones para los casos de incumplimiento. En ambos distritos, OSEP y APROSS cumplen un rol central en la estrategia de seguimiento, acceso, difusión y articulación con el sistema público de salud.

Según datos oficiales y relevamientos de la Sociedad Argentina de Pediatría, durante 2025 ninguna de las vacunas del calendario alcanzó la cobertura del 95% necesaria para asegurar la inmunidad colectiva. Algunas dosis estratégicas, como la triple viral, registraron caídas históricas, con niveles incluso por debajo del 50%.

APROSS y el sistema público ante una cobertura insuficiente

En Córdoba, el promedio de cumplimiento del calendario en menores de 18 meses ronda el 74%, lejos de la meta sanitaria del 85% fijada por el Ministerio de Salud provincial. Frente a este escenario, el gobierno impulsa una reforma del Código de Convivencia que incorpora el artículo 75 bis, estableciendo sanciones para padres, tutores o responsables legales que no acrediten la vacunación obligatoria de menores de 18 años.

Las sanciones previstas incluyen multas de hasta 50 unidades, arrestos de hasta cinco días o la realización de trabajos comunitarios, con posibilidad de intervención del Ministerio de Seguridad a partir de notificaciones emitidas por el sistema de salud, tanto público como privado o por funcionarios públicos.

En este esquema, APROSS, como seguro de salud provincial, actúa como un actor clave en la identificación de afiliados con esquemas incompletos, la difusión del calendario obligatorio y la articulación con campañas territoriales. La provincia intensificó la estrategia sanitaria con vacunatorios móviles en escuelas, clubes, festivales y estadios de fútbol.

Desde el Ministerio de Salud provincial remarcan que el eje del debate no pasa por la eficacia de las vacunas, ampliamente probadas, sino por la obligatoriedad y el derecho a la salud de niños y niñas. “No vacunarse implica un riesgo individual y colectivo”, señalaron las autoridades, en referencia al impacto sobre adultos mayores, pacientes inmunodeprimidos y la inmunidad de rebaño.

En este sentido, el presidente de APROSS, Dr. Pablo Venturuzzi, destaca la importancia de la información y la prevención como ejes centrales de la política sanitaria provincial: “Mantener informados a nuestros afiliados sobre la cartilla de vacunación, los momentos del año en los que deben completarse y su inclusión dentro de los requisitos del Certificado Único de Salud, junto a todas las acciones de comunicación, difusión y campañas territoriales que llevamos adelante, es nuestra manera de acompañar y respaldar las decisiones del Ministerio de Salud de la Provincia. Sabemos que el trabajo en prevención es el que mejora de manera sostenida la condición sanitaria de una comunidad, y en ese camino las vacunas ocupan un rol fundamental”.

OSEP y la judicialización del incumplimiento

Mendoza fue la primera provincia en avanzar de manera explícita por la vía judicial. A través del Ministerio de Salud, se iniciaron denuncias en el fuero civil contra padres o tutores que no cumplieron con el Calendario Nacional de Vacunación, con citaciones obligatorias a audiencias y requerimientos de regularización del esquema.

La medida se apoya en la Ley Nacional 27.491, que establece el carácter obligatorio, gratuito y no optativo de la vacunación, y prioriza la salud pública por sobre las decisiones individuales. El foco inicial estuvo puesto en niños de 15 meses, donde se detectaron los mayores déficits de cobertura.

Las sanciones previstas por el Código de Contravenciones mendocino incluyen multas que van desde los 84.000 hasta los 336.000 pesos, arrestos de hasta cinco días o trabajos comunitarios en hospitales, con agravantes en caso de reincidencia. También se contemplan sanciones para instituciones educativas o funcionarios que omitan la denuncia ante situaciones de incumplimiento.

En este contexto, OSEP desempeña un rol estratégico en el acceso y la promoción de la vacunación entre sus afiliados. La obra social provincial garantiza la disponibilidad de vacunas, y complementa la política pública con acciones específicas, como campañas y accesibilidad para sus afiliados, además del acompañamiento administrativo para el cumplimiento del calendario obligatorio.

Para el Dr. Carlos Funes, director general de la obra social provincial mendocina, “la vacunación no es solo una política sanitaria, es una responsabilidad colectiva”. “Desde OSEP -agrega- trabajamos para garantizar el acceso, acompañar a las familias y facilitar el cumplimiento del Calendario Nacional, porque cada vacuna aplicada protege no solo a un niño, sino a toda la comunidad. Nuestro objetivo es cuidar la salud de nuestros afiliados y fortalecer la prevención como pilar del sistema de salud”

Según datos oficiales, tras las primeras denuncias judiciales más de 70 familias se presentaron voluntariamente para completar los esquemas de vacunación, lo que fue interpretado por las autoridades como un efecto inmediato de la política de control y monitoreo.

OSP: un rol cada vez más activo

Tanto en Mendoza como en Córdoba, las experiencias ponen de manifiesto cómo ambas Obras Sociales Provinciales se convirtieron en actores activos de la política sanitaria. OSEP y APROSS participan en el monitoreo del cumplimiento, en la difusión de información validada y en la articulación con el sistema público para garantizar el acceso efectivo a vacunas gratuitas y obligatorias.

Las autoridades de ambas provincias coinciden en que la reaparición de enfermedades prevenibles como el sarampión o la tos convulsa representa un riesgo concreto si no se recuperan los niveles de cobertura. En ese marco, el endurecimiento de las sanciones aparece como una herramienta complementaria, no punitiva en sí misma, sino orientada a reforzar la responsabilidad de los adultos a cargo y a proteger la salud colectiva.

El desafío hacia 2026 será revertir una tendencia de caída en las inmunizaciones, con un enfoque integral que combine acceso, información, seguimiento y cumplimiento normativo, donde las obras sociales provinciales ocupan un lugar central dentro del sistema de salud argentino.